Llegamos a la mitad de la semana asistiendo al desmantelamiento en tiempo real de la gran farsa civil-militar de la izquierda latinoamericana. El gastado libreto de la soberanía y la reestructuración institucional siempre concluye de la misma y muy material manera: con los jerarcas locales entregando embajadas estratégicas a sus operadores de confianza, mientras las agencias policiales europeas desentierran fajos de euros escondidos en bolsas de golf y radiadores de la periferia de Madrid. El socialismo del siglo XXI no era un proyecto político; siempre fue una franquicia de extracción transnacional.
Es verdaderamente antológico. Resulta que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha ordenado una "reestructuración y reingeniería" del aparato ministerial para adaptarlo a la realidad política posterior a la captura de Nicolás Maduro en enero. Para dirigir este lapso de 90 días de supuesta renovación, ha colocado al ministro de Educación, Héctor Rodríguez.
El mito del mediador internacional se ha desmoronado bajo el peso de las evidencias físicas y las anotaciones manuscritas incautadas por las autoridades de la península.
Fuera de las fronteras venezolanas, la diplomacia caribeña y los tribunales internacionales aceleran los dictámenes sobre las disputas territoriales y el control de las zonas de explotación energética.
Como periodistas y analistas, respaldamos de forma monolítica la realidad histórica, jurídica y geográfica de nuestra nación: el territorio Esequibo es venezolano por herencia colonial, por el principio de uti possidetis juris y por los mapas históricos que la tiranía ha sido incapaz de defender con competencia técnica ante los tribunales de La Haya. Sin embargo, nuestra perspectiva nos obliga a ser realistas y agudos frente al escenario geopolítico: el ímpetu con el que Georgetown eleva su tono en los tribunales internacionales está directamente respaldado por las concesiones otorgadas a las transnacionales petroleras anglosajonas.
Advertimos y criticamos constructivamente: el verdadero peligro para nuestra integridad territorial no radica únicamente en los discursos de Irfaan Ali, sino en la absoluta vulnerabilidad institucional provocada por un modelo que prefiere "disimular al Bandes" y negociar comisiones de crudo al 10% en despachos de Madrid antes que estructurar una defensa jurídica profesional. Para recuperar nuestra soberanía y salvaguardar los recursos minerales del subsuelo frente al tutelaje extranjero, el país no necesita comisiones de reestructuración conducidas por el chavismo tradicional; urge la instalación de un gobierno que restablezca la seguridad jurídica, liquide la corrupción corporativa transnacional expuesta en el caso Plus Ultra y ejerza una diplomacia de firmeza económica basada en el respeto a la propiedad privada y la ley.
¿Consideran que la designación de Timoteo Zambrano en Madrid logrará contener el avance de las investigaciones de la UDEF contra Zapatero, o estiman que las pruebas de los radiadores y las bolsas de golf acelerarán el desmantelamiento financiero de los operadores locales?
Amanecerá y veremos…
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