Buenos días a todos los ciudadanos y feliz inicio de semana.
Mientras millones de venezolanos intentan sobrevivir entre salarios pulverizados, servicios públicos que funcionan por pura casualidad y una economía que sigue dependiendo más de la resignación que de la producción, la clase política vuelve a sentarse alrededor de una mesa. Otra mesa. Una más. Porque si algo ha demostrado la política venezolana en las últimas dos décadas es una capacidad casi sobrenatural para convertir las negociaciones en una profesión permanente.
Esta semana conocimos que seis representantes de la Asamblea Nacional electa en 2015 conformarán una comisión negociadora que buscará acordar con el oficialismo la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral y otros puntos de una agenda todavía poco clara para el ciudadano común. Al frente estará Dinorah Figuera, acompañada por cinco diputados que cambiaron el exilio por el aire de Maiquetía de Primero Justicia y Voluntad Popular, todos con el respaldo de Washington y en conversaciones directas con Jorge Rodríguez, uno de los principales operadores políticos del chavismo.
La noticia, por supuesto, genera una pregunta inevitable: ¿estamos ante el inicio de una ruta seria hacia condiciones electorales reales o simplemente frente al capítulo número cuarenta y siete de una serie que los venezolanos llevan años viendo sin conocer todavía el desenlace?
La designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral aparece como el primer gran objetivo de estas conversaciones. En circunstancias normales, la renovación de las autoridades electorales debería ser un procedimiento institucional relativamente rutinario. Sin embargo, Venezuela dejó de vivir circunstancias normales hace muchos años y, por esa razón, cualquier discusión relacionada con el árbitro electoral adquiere una importancia extraordinaria.
La razón es sencilla. El problema no radica únicamente en quiénes ocupan los cargos dentro del organismo electoral, sino en el nivel de confianza que esas instituciones son capaces de generar. Durante años, buena parte del debate político venezolano ha girado alrededor de las condiciones electorales, la imparcialidad de los organismos públicos y la capacidad de los ciudadanos para ejercer su derecho al voto con garantías suficientes. Cuando una sociedad llega al punto en que la discusión sobre las reglas del juego ocupa más espacio que la competencia política en sí misma, queda claro que existe una crisis institucional que va mucho más allá de los nombres de quienes integran una determinada institución.
Por esa razón, la eventual conformación de un nuevo CNE solo tendrá valor si logra transmitir la sensación de que las reglas serán claras y aplicadas de manera equitativa. De lo contrario, el riesgo es terminar repitiendo un ciclo que los venezolanos conocen demasiado bien: grandes expectativas iniciales seguidas por una nueva etapa de frustración colectiva.
Aunque buena parte de la atención suele concentrarse sobre el oficialismo, sería un error ignorar que la oposición también enfrenta desafíos importantes en este proceso. Durante años, distintos sectores opositores construyeron estrategias basadas en escenarios que finalmente no se materializaron. Algunas decisiones estuvieron condicionadas por circunstancias complejas y otras respondieron a cálculos políticos que terminaron demostrando ser equivocados. El resultado de todo ello fue un progresivo desgaste de la confianza ciudadana hacia buena parte de la dirigencia política. Como siempre he dicho: «el Gobierno que tenemos es también culpa de la oposición que nos gastamos».
Esa realidad obliga a quienes participan en estas conversaciones a asumir una responsabilidad adicional. No basta con sentarse a negociar ni con anunciar avances preliminares. Existe una necesidad evidente de explicar con claridad cuáles son los objetivos, cuáles son los límites de la negociación y cuáles serán los mecanismos para evaluar si realmente se están produciendo avances. La sociedad venezolana ya no responde con entusiasmo automático a los anuncios políticos. Hoy predomina una actitud mucho más prudente, marcada por la experiencia acumulada durante años de expectativas incumplidas.
Quizás el mayor desafío para la oposición no sea convencer al oficialismo de determinados acuerdos, sino convencer a los ciudadanos de que esta vez existe una estrategia coherente y orientada hacia resultados concretos. La confianza perdida puede recuperarse, pero requiere hechos mucho más que discursos.
La participación indirecta de Estados Unidos en este proceso también merece atención. El hecho de que Dinorah Figuera haya sostenido reuniones con funcionarios estadounidenses antes de estos acercamientos confirma una tendencia que se ha venido consolidando durante los últimos años. Washington parece haber dejado atrás algunas de las estrategias más confrontacionales para apostar por mecanismos de presión combinados con incentivos políticos y negociaciones graduales.
En realidad, no resulta difícil entender las razones de ese cambio. Las sanciones, el aislamiento diplomático y otras herramientas utilizadas durante años no produjeron los resultados políticos que muchos esperaban. Mientras tanto, el oficialismo logró mantenerse en el poder y adaptarse a circunstancias que en otros contextos habrían generado consecuencias mucho más severas. Ante esa realidad, diversos actores internacionales parecen haber concluido que cualquier transformación significativa en Venezuela requerirá algún tipo de acuerdo político interno.
Eso no garantiza resultados positivos, por supuesto. La historia reciente demuestra que alcanzar acuerdos es mucho más fácil que cumplirlos. Sin embargo, sí indica que existe un reconocimiento cada vez más amplio sobre la necesidad de construir soluciones graduales en lugar de apostar por escenarios de cambio inmediato que rara vez terminan materializándose.
Mientras Venezuela vuelve a hablar de negociaciones, Colombia atraviesa uno de los procesos electorales más reñidos de su historia reciente. Los resultados preliminares muestran una ventaja de Abelardo De la Espriella sobre Iván Cepeda, aunque por un margen suficientemente estrecho como para mantener la tensión política hasta la conclusión definitiva de los escrutinios.
Más allá de quién resulte oficialmente proclamado como presidente, el caso colombiano ofrece elementos de análisis que resultan especialmente interesantes para Venezuela. Una de las características fundamentales de cualquier democracia sólida es la existencia de mecanismos institucionales capaces de procesar disputas electorales sin que ello implique una crisis de gobernabilidad. Cuando los resultados son cerrados, es natural que existan revisiones, impugnaciones y verificaciones adicionales. Lo importante es que esos procedimientos se desarrollen dentro del marco legal establecido y con pleno respeto a las instituciones encargadas de administrarlos.
Las declaraciones de Gustavo Petro denunciando posibles irregularidades han añadido un elemento adicional de tensión a un escenario ya de por sí complejo. Aunque cualquier denuncia debe ser investigada con seriedad, también resulta evidente que las palabras de un jefe de Estado tienen un peso especial en contextos de alta polarización política. Por ello, la prudencia institucional adquiere una importancia aún mayor cuando la diferencia entre los candidatos es reducida y el clima político se encuentra particularmente sensible.
Lo ocurrido en Colombia deja una enseñanza que Venezuela debería observar con atención. Las democracias no se fortalecen cuando todos los actores políticos obtienen los resultados que desean. Se fortalecen cuando existen instituciones capaces de administrar conflictos, procesar desacuerdos y garantizar que las reglas sean respetadas independientemente de quién resulte ganador.
Esa sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes del sistema político venezolano. Durante demasiado tiempo, la discusión pública ha estado dominada por la confrontación permanente y la desconfianza mutua. Como consecuencia, cualquier proceso electoral termina convertido en una disputa sobre las condiciones, las garantías y la legitimidad de los resultados antes incluso de que los ciudadanos hayan acudido a votar.
Por eso la discusión sobre el nuevo CNE debería trascender el simple reparto de espacios políticos. Lo que realmente está en juego es la posibilidad de comenzar a reconstruir una confianza institucional que ha sufrido un enorme desgaste durante los últimos años. Sin esa confianza, cualquier elección futura corre el riesgo de reproducir las mismas tensiones que han marcado la vida política venezolana durante demasiado tiempo.
Mal haríamos en entregarnos a la complacencia ante las piruetas de las cúpulas que hoy pactan mesas técnicas en la capital, ignorando el desgaste de un país que exige soluciones reales y no maquillajes de última hora. La realidad actual nos muestra un sistema que solo cede espacios cuando se siente acorralado por la presión internacional y el aislamiento financiero.
Sin embargo, el panorama exterior nos demuestra que las mareas políticas cambian y que los proyectos basados en el control estatal y la retórica populista tienen fecha de caducidad en nuestra región. La recomposición de las fuerzas en el vecindario y la necesidad obligada del oficialismo de buscar legitimidad —sentándose incluso con quienes ayer pretendía despojar de la nacionalidad— demuestran que el control absoluto es una ilusión que empieza a agrietarse. La ruta hacia una Venezuela institucional y libre sigue siendo empinada, pero cada grieta en el muro es una certeza de que el futuro democrático no se ha cancelado; solo aguarda la firmeza de sus ciudadanos para hacerse realidad.
Amanecerá y veremos…
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